El imperio del empresario Santiago Santana Cazorla llega a su ocaso.
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Santiago Santana Cazorla ha culpado a su hermano y a la mujer de su hermano; ha culpado a su eterno competidor, Lopesan, a la Policía, al exministro Juan Fernando López Aguilar… pero jamás ha salido de su boca el reconocimiento de un error de gestión, algún exceso cometido por su grupo empresarial, el que lleva sus dos apellidos y el de su hermano Manuel, que acabó querellándose contra él, lo que provocó el principio del fin del Grupo Santana Cazorla.
Este próximo martes, en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria se sustanciará el que seguramente sea el último episodio del culebrón al que venimos asistiendo sobre la desarticulación de este grupo empresarial de casi cincuenta años de actividad empresarial. Ese día concluye el plazo para que puje quien esté interesado en hacerse con el paquete de acciones de Santana Cazorla en uno de los mayores conglomerados turísticos de tiempo compartido (time sharing) de Europa: Anfi del Mar, en Gran Canaria. El precio de salida, 8 millones de euros, a lo que habría que añadir la cantidad de deuda que acumula esa parte del accionariado.
Santana Cazorla, que empezó con una pequeña constructora y luego saltó al sector turístico, entró en ese negocio del time sharing a partir de la muerte de su fundador, el noruego Bjorn Lyng, y desde de su llegada al grupo Anfi empezaron los problemas: primero con los herederos del noruego, más adelante con los clientes (compradores del uso de los apartamentos por semanas) y finalmente, con el que compró a los herederos de Lyng, su eterno competidor Eustasio López, de Lopesan.
Las desavenencias también incluyeron a su hermano Manuel, socio del grupo, al que culpa de haberse dejado llevar por su esposa y alinearse con Lopesan para dejarlo a él en la estacada. La última escaramuza ha concluido con la reciente condena a un año de prisión y una indemnización de 42.000 euros por apropiarse indebidamente de un barco propiedad de Anfi para llevárselo a Marruecos no se sabe con qué carga a bordo. En el vecino país, Santiago Santana Cazorla estableció su residencia coincidiendo con el descubrimiento de que la Agencia Tributaria le reclama 10 millones de euros.
La deuda del grupo empresarial supera los 290 millones de euros y los activos con los que poder responder apenas se acercan a los 80, lo que explicaría que en junio de 2024 ya declarara al periódico La Provincia que su imperio se podía dar por “casi desaparecido”. Aún entonces confiaba en la bondad y la comprensión de algunos jueces de lo Mercantil, pero no ha podido ser.
No se ha cansado de repetir a quien le pregunta que todos sus males comenzaron en 2007, cuando inspectores del Cuerpo Nacional de Policía lo detuvieron en el aeropuerto de Gran Canaria cuando se disponía a tomar un vuelo para Tenerife. Allí iba a reunirse con el entonces presidente del Gobierno canario, Adán Martín, ya fallecido, con el que tenía estrechos vínculos y a cuyo equipo de más estrechos colaboradores, incluido el consejero de Política Territorial, tenía acceso directo para desbloquear los expedientes urbanísticos que promovía.
Dice Santiago Santana Cazorla que detrás de aquella detención estaba la mano negra del entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que creó las fiscalías anticorrupción en las comunidades autónomas precisamente para perseguir a políticos y empresarios casquivanos.
Lo cierto es que él era uno de los principales investigados en el conocido como caso Góndola, denominación dada por la Policía a una trama de corrupción localizada en el municipio turístico de Mogán, cuya urbanización turística junto al puerto, con un par de canales interiores, podría darse un aire lejano a la legendaria ciudad italiana. El alcalde de la localidad, su mano derecha, la actual alcaldesa, el concejal de Hacienda, varios funcionarios, Santana Cazorla y altos responsables de la Comunidad Autónoma resultaron salpicados por aquella investigación que acabó del todo 17 años después tras el paso por el juzgado correspondiente de San Bartolomé de Tirajana de trece jueces distintos.
Las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía no tuvieron reproche penal alguno, pero gracias a ellas pudimos conocer el acceso que tenía Santana Cazorla a las más altas instancias municipales, insulares y regionales para presionarlas para conseguir una declaración de interés general para la urbanización Anfi Tauro, en el municipio de Mogán, en la que también intervino de manera directa el entonces presidente regional del Partido Popular y del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, que se dejó invitar en un viaje a pescar salmón a Noruega por el propietario del otro 50% de aquella urbanización, el ya citado empresario Bjorn Lyng. Esa declaración de interés general, que se consiguió, claro, permitió la construcción de 5.000 camas turísticas, un campo de golf y un puerto deportivo durante una moratoria acordada por el mismo Parlamento.
Los pinchazos telefónicos del caso Góndola dieron para mucho más, como el descubrimiento de cómo se construyó una depuradora en un suelo rústico en medio de un barranco sin licencia de ningún tipo pero que no alcanzó la calificación de delito (se le atribuyó a Santana Cazorla tráfico de influencias y delito contra la ordenación del territorio) porque al fin y al cabo, una cosa es no tener licencia y otra es que la obra no se pueda legalizar, dijo la jueza en el auto de archivo.
El caso La Favorita y la cuenta en Suiza
Sus magníficas relaciones con el poder político no han conseguido salvarle de todas las vicisitudes de estos últimos años. Muy al contrario, lo que ha trascendido es que ese poder político se ha alejado de él todo lo que ha podido. Su facilidad para relacionarse con la corrupción, su abierto enfrentamiento con su hermano Manuel, sus continuos incumplimientos de contratos de servicios públicos con varios ayuntamientos, sus problemas con Hacienda y hasta el robo del barco a su propia empresa no hacían aconsejable su amistad. Su extradición voluntaria a Marruecos tampoco es que haya ayudado mucho.
Lejos han quedado relaciones tan prósperas para él como la que mantuvo con José Manuel Soria durante el tiempo en el que el exministro de Rajoy era uno de los políticos más influyentes de Canarias. Soria no solo le ayudó a él y a su socio Lyng a que prosperara la declaración de interés general para la urbanización Anfi Tauro, sino que también le permitió hacer uno de los negocios más escandalosos que se recuerdan del paso del político por la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria: el pase de La Favorita.
La vieja fábrica de tabacos de Eufemiano Fuentes, que tras su muerte y el reparto de lo que quedó de su fortuna pasó a manos de una multinacional, estaba al borde de la ruina arquitectónica, aquejada de aluminosis, y en venta por cinco millones de euros. Santana Cazorla se enteró, vaya usted a saber cómo, de que el Ayuntamiento necesitaba unas naves industriales para sus cocheras y que un exconcejal de Soria tenía esa información y ejercía de broker. Y se puso manos a la obra con información privilegiada.
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Así lo contó en este periódico el periodista Juan García Luján: “El empresario Santana Cazorla compró las instalaciones por cinco millones de euros. Un político amigo, Jorge Rodríguez [exconcejal de Urbanismo con Soria y actual abogado del exjuez corrupto Salvador Alba], ofreció el recinto a varias empresas. En el acta de una reunión de la empresa editora del Canarias7 figura la oferta realizada al periódico. Unos meses después de la compra Santa Cazorla vendió La Favorita por 12 millones de euros al ayuntamiento. Siete millones más de lo que le había costado. El acuerdo de la compra lo decidió una comisión del gobierno municipal presidida por el entonces concejal de Hacienda, Francisco Fernández Roca, el 24 de julio de 2002. Dos días antes, el edil había viajado a Suiza, estuvo en Ginebra unas horas. El mayor gasto realizado por el ayuntamiento en muchos años se decidió en una comisión municipal a la que no acudió el alcalde José Manuel Soria, que fue presidida por el edil recién aterrizado de Ginebra. Canarias Ahora publicó detalles de aquella operación, contó el viaje, el número de la cuenta en Suiza que abrió la empresa que vendió la Favorita y los datos del vuelo del concejal de Hacienda. ¿Hubo un fiscal que investigó el asunto?¿Hubo un juez que ordenó llegar al fondo de una operación que olía a chamusquina? No. Hubo una denuncia de José Manuel Soria para defender su honor. En el banquillo de los acusados se sentó el periodista que investigó los hechos. Carlos Sosa fue condenado por una jueza sustituta de la que no se supo más en las islas. En el juicio los abogados de la defensa aportaron los datos de la cuenta corriente y del viaje del concejal. Fernández Roca declaró que ”se trataba de un viaje para un asunto personal“. La jueza no dejó que se volviera a preguntar por Suiza”. La condena fue ratificada en la Audiencia Provincial de Las Palmas por un auto del que fue ponente el exjuez delincuente Salvador Alba.
